Funcionarios de agencias del orden público de Estados Unidos expresaron su indignación por la liberación del capo mexicano Rafael Caro Quintero y se comprometieron a continuar los esfuerzos para llevar ante la justicia al hombre que ordenó el asesinato de un agente antidrogas estadounidense.
Caro Quintero fue sentenciado a 40 años de prisión por el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena, pero un tribunal federal mexicano ordenó esta semana que fuera liberado al considerar que fue enjuiciado indebidamente por una corte federal por delitos de fuero estatal.
El hombre de 60 años salió de una prisión en el estado occidental de Jalisco la madrugada del viernes tras cumplir 28 años de su condena.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo estar "extremadamente decepcionado" por la liberación, que calificó de "sumamente alarmante", en un comunicado.
La Asociación de Antiguos Agentes Federales Narcóticos de Estados Unidos se dijo "indignada" por la pronta liberación de Caro Quintero y culpó a la corrupción en el sistema judicial de México por su pronta liberación.
"La liberación de este violento carnicero no es más que otro ejemplo de cómo los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para trabajar con el gobierno mexicano puede verse frustrados por las poderosas fuerzas de la oscuridad que trabajan en las sombras del sistema de 'justicia' mexicano", indicó la organización en un comunicado.
La DEA, por su parte, señaló que "continuará vigorosamente con sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por los crímenes que cometió".
Pero los expertos dicen que el caso contra Caro Quintero estuvo mal desde el principio y su liberación es el resultado de un sistema de justicia federal más fuerte en México, y descartan que tenga un impacto en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Caro Quintero fue miembro fundador de uno de los cárteles de la droga más antiguos y más grandes de México. Ayudó a establecer un poderoso grupo delictivo en el noroccidental estado de Sinaloa que posteriormente se dividió en algunos de los mayores cárteles de México, incluyendo el de Sinaloa y Juárez.
Pero no fue juzgado por tráfico de drogas, un delito federal en México. En cambio, los fiscales federales mexicanos, bajo la intensa presión de Estados Unidos, se apresuraron a armar un caso en su contra por el secuestro y asesinato de Camarena, ambos crímenes estatales.
"Lo que estamos viendo aquí es una contradicción entre la necesidad del gobierno de mantener a los criminales peligrosos tras las rejas y su respeto al debido proceso", dijo Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
"Estados Unidos quiere que México cumpla con el debido proceso, pero es probable que el debido proceso no se siguiera con delincuentes que fueron capturados hace 10 o 15 años".
Los tribunales y autoridades mexicanos han tolerado durante mucho tiempo evidencia ilícita, como confesiones forzadas y frecuentemente basan casos en testimonios cuestionables o rumores. Estas prácticas han sido prohibidas por las reformas judiciales recientes, pero los casos del pasado, incluyendo aquellos contra los narcotraficantes de alto perfil, a menudo están plagados de violaciones jurídicas de ese tipo.
Las relaciones de México con Washington resultaron gravemente dañadas cuando Caro Quintero ordenó el secuestro y asesinato de Camarena, supuestamente porque se enojó por una redada en una plantación de marihuana en 89 hectáreas (220 acres) en el centro de México, en un lugar llamado "Rancho Búfalo" donde la droga fue decomisada por las autoridades mexicanas ante la insistencia de Camarena.
Camarena fue secuestrado en Guadalajara, un importante centro de tráfico de drogas en ese momento. Su cadáver y el de su piloto mexicano fueron encontrados un mes más tarde, ambos con señales de tortura, enterrados en fosas poco profundas. Las autoridades estadounidenses acusaron a sus contrapartes mexicanas de dejar escapar a los asesinos de Camarena. Finalmente, Caro Quintero fue encontrado en Costa Rica.
Los tiempos han cambiado desde entonces, la cooperación se ha fortalecido y es probable que esto tenga poco impacto en general en la relación entre México y Estados Unidos, dijo Tony Payán, experto en la relación bilateral, de la Universidad de Texas en El Paso.
México y Estados Unidos "se pelean un poco, pero al final van a entender esto es una relación muy compleja y nada va a pasar", dijo Payán. "Ellos no van a poner en peligro la relación general sobre esto".
Caro Quintero todavía enfrenta cargos en Estados Unidos, pero la Procuraduría General de la República de México indicó que no estaba claro si había una solicitud de extradición vigente.
El procurador general, Jesús Murillo Karam dijo en un comunicado que su oficina está analizando si existen cargos pendientes contra Caro Quintero.
El Departamento de Justicia subrayó que "no ha dejado de poner en claro a las autoridades mexicanas el continuo interés de Estados Unidos para asegurar la extradición de Caro Quintero para que pueda enfrentar a la justicia estadounidense".
Samuel González, ex fiscal antidrogas de México, dijo que el propio gobierno de Estados Unidos ha estado promoviendo, y en parte financiando, las reformas judiciales en México destinadas a respetar las garantías procesales para los sospechosos, un enfoque que según el experto ha pesado demasiado contra las autoridades y las víctimas.
"Todo esto es gracias al excesivo enfoque en las garantías procesales apoyadas por el mismo gobierno estadounidense", dijo González. "Les advertí (a las autoridades de Estados Unidos) que iban a salir, y van a salir", dijo en referencia a los narcotraficantes presos desde hace tiempo como Miguel Ángel Félix Gallardo, quien también cumple una condena relacionada con el caso Camarena.
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