El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la jugada más arriesgada de los ocho meses iniciales de su sexenio, anunció el lunes un proyecto de reforma energética que pondría fin a la prohibición de las inversiones privadas en la industria petrolera, una piedra angular del orgullo nacional mexicano cuya producción ha caído bruscamente en los últimos años.
Peña Nieto dijo que se reformarían dos artículos de la constitución para permitir una mayor colaboración de firmas privadas y así incrementar la producción de petróleo, que ha ido decayendo en la última década. Específicamente, la reforma propone iniciar contratos de utilidad compartida con compañías privadas que colaborarán en exploración, extracción y refinación de petróleo.
El mandatario señaló que la industria ha disminuido "sustancialmente" y que necesitaría de nuevas tecnologías para incrementar la producción de barriles diarios.
"Nuestro sector energético, dada la rigidez del régimen constitucional, perdió dinamismo y más grave aún, competitividad", dijo Peña Nieto. "Sabemos que México tiene la oportunidad de un nuevo crecimiento energético".
Pemex no tiene el equipo necesario para explorar en busca de nuevas reservas en las profundidades del mar. La producción petrolífera decayó un 25% en la última década y en pocos años, el país podría pasar de ser una importante productora de petróleo a ser un importador de energéticos en pocos años.
La reforma del ejecutivo ha sido arduamente criticada porque propone cambios a uno de los pilares de la constitución, el artículo 27, que muchos mexicanos consideran protege las riquezas de la nación.
Peña Nieto negó que busque privatizar la industria del petróleo. La reforma, aún no compartida en su totalidad, probablemente permita que firmas privadas reciban parte de las ganancias que generen las actividades petroleras en el país por medio de contratos, pero "no impulsa o considera contratos de producción compartida", dijo Peña Nieto. En la actualidad, la ley contempla contratos por trabajos específicos, con el pago de bonificaciones.
El principal partido de izquierda de México dice que no apoyará la reforma constitucional, pero tanto el oficialista Partido Revolucionario Institucional como el conservador Partido Acción Nacional dicen que tiene los votos suficientes para asegurar su aprobación, que requiere una mayoría calificada de dos tercios de los senadores y diputados para aprobar este tipo de reformas. Para modificar la constitución, la iniciativa debe ser aprobada también por los congresos locales de al menos 17 de los 32 estados del país.
Jesús Zambrano, presidente del opositor Partido de la Revolución Democrática, dijo que sus legisladores resistirán los cambios constitucionales que pongan en riesgo el control que el gobierno tiene sobre el petróleo.
"No aceptamos, no estamos de acuerdo en que se modifique ningún artículo de la constitución, mucho menos en estos que hablan de la propiedad de la nación sobre el territorio", expresó Zambrano el lunes en entrevista con MVS radio.
La reforma ha puesto en peligro un pacto que ha mantenido en armonía a los tres principales partidos en los últimos meses. El petróleo se asocia con uno de los momentos históricos de México: cuando el presidente Lázaro Cárdenas lo expropió de empresas extranjeras en 1938 para declararlo patrimonio de la nación.
Peña Nieto evocó el momento histórico de Lázaro Cárdenas numerosas veces al anunciar la reforma, al decir que Cárdenas nunca pretendió abandonar una colaboración con la iniciativa privada.
"El espíritu de esta reforma recupera lo mejor de nuestro pasado para conquistar nuestro futuro", dijo Peña Nieto.
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