Nueve activistas bajo arresto federal en Arizona desde hace más de una semana tras intentar cruzar la frontera desde México en protesta contra las políticas de inmigración de Estados Unidos al parecer han visto negados sus pedidos de permanecer en el país por razones humanitarias, dijeron organizadores el jueves.
Domenic Powell, portavoz de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA por sus siglas en inglés), dijo que su grupo aún espera una notificación formal del gobierno estadounidense pero parece que los pedidos han sido rechazados, y ahora el grupo busca asilo sobre la base de "temores creíbles" de ser hostigados si regresan a México.
Si se acoge su pedido de asilo, el grupo de activistas pudiera quedar en libertad provisional en Estados Unidos a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.
El grupo, que se llama Dream9, trata de llamar la atención a las centenares de miles de personas que han sido deportadas durante la presidencia de Barack Obama.
La abogada Margo Cowan, que representa a los detenidos, dijo que había pedido que se les permitiese permanecer en el país bajo lo que se llama libertad condicional humanitaria, "porque su presencia en Estados Unidos servirá un importante interés público".
Cowan no respondió a los pedidos de declaraciones el jueves.
Organizadores de la protesta de la Alianza dijeron que más de 70 mujeres en el Centro de detenciones Eloy en el que están los activistas se sumaron a una huelga de hambre en solidaridad. Funcionarios del servicio de inmigración y aduanas negaron esa versión y dijeron que todos los detenidos en el centro están comiendo tres veces al día.
La oficina de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía está considerando el pedido de asilo del grupo. Debido a las leyes de privacidad, funcionarios del gobierno declinaron comentar sobre el status del pedido.
Los activistas están presionando a favor de un proyecto de ley en el Congreso que, entre otras cosas, crearía un sendero a la ciudadanía para inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos de niños.
Recientemente, los republicanos en la Cámara de Representantes dieron un paso tentativo hacia el ofrecimiento de ciudadanía a algunos inmigrantes en situación irregular que se ajustan a esa categoría, pero encontraron resistencia de la Casa Blanca y los legisladores demócratas, que dijeron que no era suficiente.
La reacción a la propuesta republicana resaltó las dificultades para encontrar una solución negociada que permita la aprobación de la reforma de inmigración en la cámara baja.
La llamada Ley DREAM, que busca proveer esa vía a la naturalización para esos inmigrantes, fue aprobada en la cámara baja en el 2010, cuando estaba controlada por los demócratas, pero fue bloqueada en el Senado por los republicanos.
Tres de los nueve activistas que crecieron en Estados Unidos dejaron el país y viajaron a México expresamente para participar en la protesta cuando intentaron cruzar la frontera la semana pasada en Nogales.
Powell, la portavoz de la Alianza, dijo que el gobierno federal debería dejar en libertad a los nueve activistas y aprobar sus pedidos.
La Casa Blanca declinó comentar.
Entretanto, activistas por los derechos de los inmigrantes expresaron desacuerdo sobre si las tácticas del grupo
beneficia o perjudican la causa.
David Leopold, un abogado de inmigración y ex presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración, dijo que el paso es un "truco publicitario" que distrae de la discusión actual de reforma de inmigración en Washington. Leopold dijo que el grupo es una "periferia radical del movimiento de los Dreamers".
"Yo admiro la pasión de esas personas, aunque no estoy de acuerdo con ellas", dijo, y añadió que la protesta habría sido más efectiva si hubiese sido realizada en Washington.
"Cuando uno sale de Estados Unidos, se acabó todo", dijo.
Los pedidos de asilo podrían ser difíciles de sustentar para al menos tres activistas que salieron voluntariamente de Estados Unidos como acto de desobediencia civil, uno de los cuales iba a empezar sus estudios de derecho en California este año.
"El asilo generalmente requiere mostrar hostigamiento pasado o temores bien fundados de futuro hostigamiento sobre la base de raza, religión, nacionalidad o ser parte de un grupo social específico", dijo Leopold.
Pero Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, rechaza la noción de que la protesta sea una distracción, y dice que en lugar de ello da un rostro humano a la causa.
"Pienso que ellos presionaron las cosas. Su agresividad en ese frente realmente ha forzado las cosas", dijo Wilkes el jueves. "Pienso que ellos están cambiando el debate, y pienso es eso es bueno".
Sin embargo, Wilkes dijo que su grupo no respalda esas acciones y dijo que muchos en la organización titubearían en apoyar a los activistas.
"No queremos que se piense que estamos alentándoles a arriesgar su futuro y sus oportunidades de quedarse en estados Unidos", dijo.
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