La junta de fideicomisarios de un pequeño pueblo fronterizo de Nuevo México ordenó a sus policías que no hagan cumplir las leyes federales de inmigración, uniéndose así a otras municipalidades de todo el país que han aprobado medidas similares mientras el Congreso debate la reforma a las leyes de inmigración.
La Junta de Fideicomisarios de Mesilla aprobó el lunes la resolución, por lo demás simbólica, de ordenar a su policía que no haga cumplir esas leyes, después que los vecinos del Condado Doña Ana, en su mayoría de habla hispana, le contaron a la junta sobre sus temores de caracterización racial por parte de las autoridades, reportó el diario Las Cruces Sun-News (http://bit.ly/1d5EKP3 ).
La Border Network for Human Rights, un grupo sin fines de lucro defensor de los inmigrantes, presentó la resolución a los fideicomisarios.
Ciudades como Houston y Chicago han aprobado ordenanzas similares con el fin de evitar que los inmigrantes sientan temor hacia la policía, mientras que estados como Alabama y Arizona han pedido a las autoridades policiales locales que tengan un papel más activo en la identificación de inmigrantes que puedan estar sin autorización legal en el país.
Tom Austin, jefe de la policía de Mesilla, dijo que su departamento no participará en la verificación del estatus migratorio de las personas. Las investigaciones se remiten de inmediato a la Patrulla Fronteriza si hay alguna duda sobre ese estatus, dijo.
La decisión se tomó después que la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos presentó el año pasado una queja que alegaba que los policías de Mesilla participaban en actividades de caracterización racial. Este mismo año, un tribunal federal falló que un arresto por parte de un policía fue indebido.
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