Amnistía Internacional (AI) exhortó este jueves a EEUU a revisar las sentencias a pena de muerte contra 60 mexicanos, la mayoría de ellos amparados por un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En un comunicado emitido en el marco del día internacional para erradicar la pena de muerte, la agrupación solicitó a las autoridades cumplir "con sus obligaciones internacionales de derechos humanos".
Recordó que EEUU es el único país de América que ha llevado a cabo ejecuciones en el último año, siendo Texas el estado con mayor número.
Desde 2000 se han ejecutado 250 personas en este estado, de las cuales dos son mexicanos amparados por el fallo de la CIJ que ordenó suspender sus sentencias: José Ernesto Medellín (2008) y Humberto Leal (2011).
La CIJ pidió en 2004 revisar los procesos judiciales de 51 mexicanos condenados a muerte en el denominado caso Avena debido a que EEUU incumplió el artículo 36 de la Convención de Viena, que obliga a notificar a los extranjeros detenidos de su derecho a recibir asistencia consular.
El argumento del gobierno de Texas para llevar a cabo estas ejecuciones es que no existe una norma interna en el país que obligue al estado y a sus tribunales a llevar a cabo la sentencia de la CIJ, recordó AI.
La organización defensora de los derechos humanos insistió en que las sentencias de la CIJ "deben cumplirse incondicionalmente y no cabe como excusa argumentar incompatibilidades con el derecho nacional".
Recordó que ya existe un proceso en ese país para aprobar una legislación federal que permita cumplir con esta sentencia, pero aún no ha sido aprobada.
Amnistía reconoció el papel de la Cancillería de México en la defensa de los derechos de los mexicanos sentenciados a muerte, pero insistió en la necesidad de incrementar los esfuerzos para asegurar la suspensión de las condenas.
En un comunicado emitido en el marco del día internacional para erradicar la pena de muerte, la agrupación solicitó a las autoridades cumplir "con sus obligaciones internacionales de derechos humanos".
Recordó que EEUU es el único país de América que ha llevado a cabo ejecuciones en el último año, siendo Texas el estado con mayor número.
Desde 2000 se han ejecutado 250 personas en este estado, de las cuales dos son mexicanos amparados por el fallo de la CIJ que ordenó suspender sus sentencias: José Ernesto Medellín (2008) y Humberto Leal (2011).
La CIJ pidió en 2004 revisar los procesos judiciales de 51 mexicanos condenados a muerte en el denominado caso Avena debido a que EEUU incumplió el artículo 36 de la Convención de Viena, que obliga a notificar a los extranjeros detenidos de su derecho a recibir asistencia consular.
El argumento del gobierno de Texas para llevar a cabo estas ejecuciones es que no existe una norma interna en el país que obligue al estado y a sus tribunales a llevar a cabo la sentencia de la CIJ, recordó AI.
La organización defensora de los derechos humanos insistió en que las sentencias de la CIJ "deben cumplirse incondicionalmente y no cabe como excusa argumentar incompatibilidades con el derecho nacional".
Recordó que ya existe un proceso en ese país para aprobar una legislación federal que permita cumplir con esta sentencia, pero aún no ha sido aprobada.
Amnistía reconoció el papel de la Cancillería de México en la defensa de los derechos de los mexicanos sentenciados a muerte, pero insistió en la necesidad de incrementar los esfuerzos para asegurar la suspensión de las condenas.
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