Una máquina cosechadora va segando exitosamente cientos de plantas de tomate, una hilera tras otra, pero Dan Errotabere contempla cabizbajo el resto de su tierra, desierta y desatendida.
"Toda nuestra operación está en crisis", comenta mientras señala hacia los cientos de hectáreas que otrora estaban llenas de ajo, cebolla y otros cultivos.
Errotabere y otros campesinos, administradores de granjas en el Valle Central de California, tienen decenas de miles hectáreas inactivas este año debido a la escasez de agua. Junto con otros habitantes del distrito de irrigación más amplio del país, dice que la falta del líquido está impidiendo su crecimiento y arriesgando su futuro.
Como resultado, el Distrito de Irrigación Westlands, que abarca 700 empresas en 243.000 hectáreas (600.000 acres) en los condados de Fresno y Kings, ha sido uno de los principales promotores de un proyecto para crear túneles paralelos, que suministrarían agua desde el delta Sacramento-San Joaquín hacia las ciudades y granjas aledañas.
Desde hace años, Westlands ha pedido que se le otorguen más recursos de agua a sus granjas, y ha obtenido notoriedad en la región por sus demandas contra las normas ambientales que están afectando sus suministros.
Los agricultores de la zona consideran que el proyecto es vital para su supervivencia, en particular el capítulo sobre el sistema de túneles. Aunque otras zonas de California —tanto rurales como urbanas— sufren de escasez de agua, los integrantes de Westlands consideran que su situación es más precaria, porque su distrito está desfavorecido por las leyes y por lo tanto sufre más cuando el suministro de agua se acorta.
"En la vida de agricultor, uno se acostumbra a tener años más secos que otros", dijo Errotabere, "pero es difícil invertir en las operaciones, en el equipo, en la mano de obra, si no hay suministro de agua".
Si no se lleva a cabo el proyecto, dicen los agricultores, habrá menos producción agrícola nacional y los supermercados tendrán que vender frutas y vegetales importados, a veces de países donde las normas de higiene y calidad no son tan estrictas.
Los detractores del proyecto, como por ejemplo los grupos ambientalistas, dicen que los túneles probablemente no ayudarán a recuperar el suministro de agua y que más bien serán nocivos para el delicado ecosistema de la zona, a un costo multimillonario para los contribuyentes.
Algunos opinan que partes del distrito deben dejarse sin agua y que los agricultores de Westlands por demasiado tiempo se han aprovechado de subsidios públicos para plantar una excesiva cantidad de cultivos, que requieren alta hidratación, en suelo de pobre calidad.
"Esa gente debería estar al final de la fila, pero se cuelan al frente perjudicando a otros consumidores de agua y a la fauna marina", expresó Tom Stokley, un analista de políticas de irrigación en el California Water Impact Network, un organismo sin fines de lucro que busca un uso adecuado del agua del estado.
Otrora dominado por agricultores de algodón, hoy en día Westlands —que incluye a Harris Farms, una de las empresas más grandes de California, y Tanimura & Antle, el mayor productor de lechuga del país— produce unas 60 cosechas distintas, incluidas frutas y legumbres, con un valor total de 1.600 millones de dólares.
Los suministros de agua a los integrantes del circuito Westlands se han reducido en 40, 60 y hasta 90% en años recientes, a medida que el deterioro del ecosistema del delta suscitó la promulgación de normas ambientales. En otros distritos también hubo reducciones de los suministros de agua, aunque menores.
Los distritos emprendieron una investigación exhaustiva y hace unos meses el gobernador Jerry Brown anunció que apoyaba el proyecto resultante: un sistema de túneles paralelos de 56 kilómetros (35 millas) junto con una iniciativa masiva para recuperar los hábitats.
Los críticos sostienen que el proyecto es demasiado costoso, tanto para los consumidores de agua como para los contribuyentes. Los distritos tendrían que aportar 16.800 millones de dólares para la construcción de los túneles y tareas relacionadas. Otros 8.000 millones de dólares irían para recuperar 4.000 hectáreas (100.000 acres) de pantanos, provenientes de fondos estatales y federales y bonos emitidos, sin saberse cómo el proyecto afectará a la fauna marina.
"Este es un proyecto sumamente costoso que nos causará gastos de miles de millones de dólares y ni siquiera ayudará a reparar el daño que se le ha causado a la fauna marina... algunas especies más bien quedarán perjudicadas", comentó Kate Poole, abogada de la agrupación Natural Resources Defense Council.
Poole añadió que contratistas del gobierno federal como Westlands están atrasados en sus pagos por las instalaciones de irrigación existentes. Aparte del costo de construir los túneles, los cálculos estatales evidencian que el agua será muy costosa para los usuarios, por lo menos el doble de la cifra actual.
Y no se sabe con certeza cuánta agua irá a Westlands. Las autoridades dicen que si la fauna marina no se robustece, se ofrecerá menos agua a través de los túneles, y que el suministro podría disminuir aún más si se agrava el cambio climático.
Lo más probable es que los túneles suministrarán la misma cantidad de agua que el sistema actual, opinó Mark Cowin, director del Departamento de Recursos Hídricos del estado. En años de sequía, cuando la fauna marina está más afectada, los túneles en realidad suministrarán menos agua, expresó. En años de gran precipitación habría más agua, y cualquier cantidad excedente será guardada si hay espacio en los embalses, añadió.
Si no se construyen los túneles y no se llevan a cabo los proyectos de reparación de los hábitats, dijo Cowin, la situación hídrica de California empeorará agudamente.
"Si no tomamos acción, las reservas de peces disminuirán, habrá más restricciones al consumo de agua y habrá mucho menos envíos de agua comparado con la situación actual", comentó Cowin.
Las autoridades de Westlands, que aún no han aprobado los fondos para la construcción de los túneles, dicen que temen la posibilidad de más reducciones en los suministros de agua.
"La alternativa sería no tomar acción, y eso sería muy perjudicial", dijo Jason Peltier, el subdirector del distrito.
Para Errotabere, un agricultor cuyos antepasados trabajaron esa tierra y quien ha invertido en tecnologías para ahorrar el consumo de agua, la aplicación de mayores reducciones significaría no poder contratar más mano de obra, no poder comprar equipos y dar menores contribuciones al erario público.
"Es como si tuvieras un edificio con sólo el 20% de la electricidad que necesita", comentó. "Esta es una fuente de producción alimenticia para el país, aquí cosechamos de todo, y sin embargo nuestras tierras están sin arar".
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