Unos 6.000 casos de presunto maltrato infantil que se reportaron en Arizona mediante una línea telefónica especial en los últimos cuatro años nunca fueron investigados, revelaron el jueves las autoridades, calificando el hecho como una "grave alarma".
Un equipo de la agencia Servicios de Protección Infantil de Arizona clasificó indebidamente los casos como "NI" (No Investigados) con el objeto de poder administrar la gran cantidad de casos y poder centrarse en los casos más graves, dijo Clarence Carter, secretario estatal del sistema de bienestar infantil.
La ley estatal establece que todos los reportes generados por la línea de emergencia deben ser sometidos a investigación, señaló Carter.
Todos los casos serán revisados, dijeron funcionarios. Por lo menos en 125 casos ya identificados los niños afirmaron que habían sido objeto de maltrato, indicaron.
"No sé de caso alguno en que se hayan producido muertes", afirmó Gregory McKay, jefe de investigaciones de casos de bienestar infantil de la agencia, sobre los casos incompletos.
Nadie ha sido sancionado, pero el Departamento de Seguridad Pública de Arizona investigará.
"Se tienen que deslindar responsabilidades en este asunto, e insistiré para que se hagan más reformas a fin de garantizar de que no vuelva a suceder", aseveró la gobernadora Jan Brewer.
La costumbre de clasificar erróneamente los casos y esencialmente archivarlos comenzó en el 2009, indicó Carter. El número se incrementó rápidamente en los últimos 20 meses mientras la cantidad de trabajo se acrecentaba y se hacían otros cambios. Y 5000 de los 6.000 casos sucedieron durante ese tiempo, agregó.
"La idea de que hay 6.000 casos en los cuales no sabemos si los niños están seguros o no, es causa para una grave alarma", señaló Carter, quien es director del Departamento de Seguridad Económica de Arizona, el cual supervisa los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) y otras agencias de bienestar social.
CPS ha sido una de las principales prioridades del gobierno estatal y padece de falta de personal y un gran aumento en los reportes de maltrato en años recientes. La gobernadora recibió aprobación de la Legislatura en enero para obtener financiamiento de emergencia para 50 nuevos trabajadores y fondos regulares para 150 más en el año fiscal que comenzó el 1 de julio.
En un comunicado, Brewer calificó el mal manejo de los casos como "absolutamente inaceptable".
"La más urgente prioridad es garantizar que cada niño involucrado en estos casos esté seguro", dijo la gobernadora. "Cada caso debe ser investigado, sin excepciones ni excusas. No sólo se trata de hacer lo correcto, sino que es la ley", agregó.
Normalmente, los reportes iniciales de la policía, familiares, médicos o vecinos son enviados a las oficinas locales para su investigación, dijo McKay. Pero la unidad especializada les daba una mirada y las clasificaba equivocadamente algunos como N.I., explicó McKay.
El número promedio de reportes por la línea de emergencia cada mes es de 3.649, según el más reciente informe semestral. Uno de cada 12 era archivado sin investigación desde enero.
El número de casos que tienen los 1.000 asistentes sociales asignados a las investigaciones de maltrato infantil rebasa un 77% sobre el nivel estándar, informó CPS. Carter ha solicitado que se asignen 350 trabajadores adicionales en el próximo presupuesto.
Un equipo de la agencia Servicios de Protección Infantil de Arizona clasificó indebidamente los casos como "NI" (No Investigados) con el objeto de poder administrar la gran cantidad de casos y poder centrarse en los casos más graves, dijo Clarence Carter, secretario estatal del sistema de bienestar infantil.
La ley estatal establece que todos los reportes generados por la línea de emergencia deben ser sometidos a investigación, señaló Carter.
Todos los casos serán revisados, dijeron funcionarios. Por lo menos en 125 casos ya identificados los niños afirmaron que habían sido objeto de maltrato, indicaron.
"No sé de caso alguno en que se hayan producido muertes", afirmó Gregory McKay, jefe de investigaciones de casos de bienestar infantil de la agencia, sobre los casos incompletos.
Nadie ha sido sancionado, pero el Departamento de Seguridad Pública de Arizona investigará.
"Se tienen que deslindar responsabilidades en este asunto, e insistiré para que se hagan más reformas a fin de garantizar de que no vuelva a suceder", aseveró la gobernadora Jan Brewer.
La costumbre de clasificar erróneamente los casos y esencialmente archivarlos comenzó en el 2009, indicó Carter. El número se incrementó rápidamente en los últimos 20 meses mientras la cantidad de trabajo se acrecentaba y se hacían otros cambios. Y 5000 de los 6.000 casos sucedieron durante ese tiempo, agregó.
"La idea de que hay 6.000 casos en los cuales no sabemos si los niños están seguros o no, es causa para una grave alarma", señaló Carter, quien es director del Departamento de Seguridad Económica de Arizona, el cual supervisa los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) y otras agencias de bienestar social.
CPS ha sido una de las principales prioridades del gobierno estatal y padece de falta de personal y un gran aumento en los reportes de maltrato en años recientes. La gobernadora recibió aprobación de la Legislatura en enero para obtener financiamiento de emergencia para 50 nuevos trabajadores y fondos regulares para 150 más en el año fiscal que comenzó el 1 de julio.
En un comunicado, Brewer calificó el mal manejo de los casos como "absolutamente inaceptable".
"La más urgente prioridad es garantizar que cada niño involucrado en estos casos esté seguro", dijo la gobernadora. "Cada caso debe ser investigado, sin excepciones ni excusas. No sólo se trata de hacer lo correcto, sino que es la ley", agregó.
Normalmente, los reportes iniciales de la policía, familiares, médicos o vecinos son enviados a las oficinas locales para su investigación, dijo McKay. Pero la unidad especializada les daba una mirada y las clasificaba equivocadamente algunos como N.I., explicó McKay.
El número promedio de reportes por la línea de emergencia cada mes es de 3.649, según el más reciente informe semestral. Uno de cada 12 era archivado sin investigación desde enero.
El número de casos que tienen los 1.000 asistentes sociales asignados a las investigaciones de maltrato infantil rebasa un 77% sobre el nivel estándar, informó CPS. Carter ha solicitado que se asignen 350 trabajadores adicionales en el próximo presupuesto.
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