Las cortes de inmigración en Estados Unidos, de por sí saturadas de trabajo, podrían registrar pronto mayor congestionamiento si aproximadamente la mitad de sus 220 jueces deciden jubilarse el año entrante.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que supervisa las 59 cortes del país que llevan este tipo de procesos, dijo que de hecho hay 32 vacantes, lo cual ha contribuido a un retraso de casi 350.000 casos.
Los jueces están abrumados de trabajo, y los inmigrantes con solicitudes legítimas de asilo podrían quedarse años en el limbo jurídico. En tanto, los inmigrantes sin solicitudes jurídicas legítimas continúan en el país, mientras los contribuyentes estadounidenses pagan la factura para que se mantenga a esas personas encerradas durante más tiempo.
La Oficina Ejecutiva dice que su tasa promedio de jubilación es de apenas 5% al año, lo cual significa que 11 jueces se retirarían en 2014.
Sin embargo, Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, teme que el aumento de las condiciones difíciles de trabajo podría incitar a muchos a retirarse a la oportunidad más próxima.
"Somos el hijastro olvidado. Cuando el Congreso quiere financiar el control de la inmigración, se olvida de los tribunales (del sector)", dijo Marks.
Señaló que el escrutinio de los prospectos a jueces demora meses e incluso más tiempo para que éstos comiencen a trabajar al ritmo adecuado.
El Congreso aumentó considerablemente los recursos destinados a la policía migratoria y a las detenciones, en tanto que el gobierno del presidente Barack Obama deportó el año pasado a 360.000 personas.
Sin embargo, se han destinado pocos recursos adicionales a las cortes de inmigración. Lo anterior incluso luego de un incremento de 15% en el número de casos desde 2011, dijo el director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, Juan Osuna, quien testificó ante una subcomisión legislativa.
De acuerdo con una encuesta entre jueces que difundió en 2008 la publicación Immigration Law Journal de Georgetown, éstos acusaban más fatiga "que los alcaides de las prisiones y los médicos en hospitales de intensa actividad".
Los jueces atribuyeron la tensión a las presiones para que emitieran sus fallos en muchos casos —y decidir la suerte de tantas vidas— en muy poco tiempo.
A diferencia de otros jueces federales, los de inmigración están subordinados al Departamento de Justicia federal y son empleados del poder ejecutivo, no del judicial.
La cantidad de casos que manejan varía. En Honolulu, dos jueces de inmigración llevan unos 100 casos cada uno, mientras que seis en Houston se encargan de unos 6.000 casos cada uno, indicó Transactional Records Access Clearinghouse, una unidad especializada de la Universidad de Syracuse que da seguimiento a las estadísticas federales y no tiene fines de lucro.
Los jueces de inmigración carecen en sus cortes de alguaciles y taquígrafos, y a veces de secretario. Mientras un juez federal puede apoyarse en tres secretarios de juzgado para que ayuden con 400 expedientes más o menos, tres jueces de inmigración asignan a un secretario un promedio de 1.500 casos.
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La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que supervisa las 59 cortes del país que llevan este tipo de procesos, dijo que de hecho hay 32 vacantes, lo cual ha contribuido a un retraso de casi 350.000 casos.
Los jueces están abrumados de trabajo, y los inmigrantes con solicitudes legítimas de asilo podrían quedarse años en el limbo jurídico. En tanto, los inmigrantes sin solicitudes jurídicas legítimas continúan en el país, mientras los contribuyentes estadounidenses pagan la factura para que se mantenga a esas personas encerradas durante más tiempo.
La Oficina Ejecutiva dice que su tasa promedio de jubilación es de apenas 5% al año, lo cual significa que 11 jueces se retirarían en 2014.
Sin embargo, Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, teme que el aumento de las condiciones difíciles de trabajo podría incitar a muchos a retirarse a la oportunidad más próxima.
"Somos el hijastro olvidado. Cuando el Congreso quiere financiar el control de la inmigración, se olvida de los tribunales (del sector)", dijo Marks.
Señaló que el escrutinio de los prospectos a jueces demora meses e incluso más tiempo para que éstos comiencen a trabajar al ritmo adecuado.
El Congreso aumentó considerablemente los recursos destinados a la policía migratoria y a las detenciones, en tanto que el gobierno del presidente Barack Obama deportó el año pasado a 360.000 personas.
Sin embargo, se han destinado pocos recursos adicionales a las cortes de inmigración. Lo anterior incluso luego de un incremento de 15% en el número de casos desde 2011, dijo el director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, Juan Osuna, quien testificó ante una subcomisión legislativa.
De acuerdo con una encuesta entre jueces que difundió en 2008 la publicación Immigration Law Journal de Georgetown, éstos acusaban más fatiga "que los alcaides de las prisiones y los médicos en hospitales de intensa actividad".
Los jueces atribuyeron la tensión a las presiones para que emitieran sus fallos en muchos casos —y decidir la suerte de tantas vidas— en muy poco tiempo.
A diferencia de otros jueces federales, los de inmigración están subordinados al Departamento de Justicia federal y son empleados del poder ejecutivo, no del judicial.
La cantidad de casos que manejan varía. En Honolulu, dos jueces de inmigración llevan unos 100 casos cada uno, mientras que seis en Houston se encargan de unos 6.000 casos cada uno, indicó Transactional Records Access Clearinghouse, una unidad especializada de la Universidad de Syracuse que da seguimiento a las estadísticas federales y no tiene fines de lucro.
Los jueces de inmigración carecen en sus cortes de alguaciles y taquígrafos, y a veces de secretario. Mientras un juez federal puede apoyarse en tres secretarios de juzgado para que ayuden con 400 expedientes más o menos, tres jueces de inmigración asignan a un secretario un promedio de 1.500 casos.
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