Un pueblo agrícola de California lidiaba el miércoles con una profunda traición a su confianza al enterarse de que un jefe interino de policía y un puñado de agentes fueron acusados de vender o regalar los vehículos incautados a residentes hispanos pobres y de otros delitos.
El recelo se ha venido acumulando por algún tiempo. Los investigadores entrevistaron a personas —muchas de las cuales no podían hablar inglés— que se quejaron de que la policía les arrebataba sus automóviles y dinero, y no podían hacer nada al respecto.
"No me sorprenden los arrestos para nada, solo me sorprende que no les fincaran más cargos", dijo el miércoles Vivian Villa, propietaria de un restaurante, mientras freía carne en una sartén en preparación para los comensales de la hora de almuerzo. "Es probable que ahora algunos de ellos sientan lo que sentimos cuando nos acusan", agregó.
Al atardecer, Villa realizó una reunión en su pequeño restaurante donde aproximadamente una decena de miembros de la comunidad habló contra el abuso policial y la corrupción.
Los hispanos representan casi un 90% de la comunidad de 13.000 habitantes incrustada entre los cultivos de tomates, fresas y lechuga a orillas del río Salinas, unos 240 kilómetros (150 millas) al sureste de San Francisco.
Los mecánicos agrícolas Francisco Méndez y Alfonso Pérez, que se detuvieron en una taquería antes de dirigirse al trabajo, relataron haber sido detenidos con frecuencia por la policía ya sea por tener los vidrios entintados o porque no les funcionaban las luces traseras.
"Solo buscaban un pretexto para detenerte", manifestó Méndez.
Los arrestos del martes, entre los que figuraba un exjefe de policía, tiene lugar después de una investigación que inició en septiembre el departamento de policía, cuando un investigador visitante —que fue al lugar por un caso de homicidio— escuchó de numerosas fuentes que la comunidad no confiaba en la policía local.
Fue hasta esta semana que las autoridades dijeron que tenían suficiente evidencia para arrestar a un total de seis personas vinculadas al departamento por una serie de delitos que abarcaban desde soborno hasta amenazas. Todos fueron dejados rápidamente en libertad condicional tras el pago de fianza.
"Los ciudadanos de a pie, una y otra vez, nos dijeron que no confiaban en la policía", dijo el fiscal adjunto del condado Monterey, Terry Spitz. "Hay más investigaciones en curso", añadió.
El propietario de un servicio de grúas Brian Miller; su hermano, el jefe interino de policía Bruce Miller; y el sargento Bobby Carillo fueron citados para su encausamiento el lunes por acusaciones de soborno después que las autoridades dijeron que los vehículos remolcados de inmigrantes hispanos eran trasladados a una playa de vehículos confiscados y a continuación eran vendidos o regalados.
La fiscalía dijo que un número no precisado de vehículos fueron vendidos o regalados cuando los propietarios no pudieron pagar las multas para recuperarlos. Dos personas del negocio Towing in King City se negaron a dar declaraciones.
El ex jefe de policía Dominic David Baldiviez y Mario Alonso Mottu fueron citados a comparecer el 6 de marzo por malversación de un Crown Victoria de propiedad municipal. El agente Jaime Andrade, acusado de posesión de un arma automática y almacenamiento ilegal de un arma de fuego, y el agente Mark Allen Baker, acusado de hacer amenazas, deberán comparecer ante la corte también el 6 de marzo.
Bruce Miller, que fue removido de su cargo como jefe interino de la policía de King City, afirmó que las acusaciones carecían de fundamento y agregó que su familia ha recibido amenazas de muerte desde que las autoridades revelaron detalles del caso.
El abogado Michael Schwartz, que defiende a Carillo y Andrade, dijo que era importante evitar acusaciones hasta que no se conozca la evidencia del caso.
El gerente municipal Michael Powers indicó que todos menos Mottu estaban suspendidos con goce de sueldo durante la investigación antes de sus arrestos, y que esperaba anunciar el jueves a un nuevo jefe interino de policía.
La investigación reveló que más de 200 vehículos fueron incautados y que 87% de ellos fueron remolcados por una sola empresa de servicio de grúas.
El recelo se ha venido acumulando por algún tiempo. Los investigadores entrevistaron a personas —muchas de las cuales no podían hablar inglés— que se quejaron de que la policía les arrebataba sus automóviles y dinero, y no podían hacer nada al respecto.
"No me sorprenden los arrestos para nada, solo me sorprende que no les fincaran más cargos", dijo el miércoles Vivian Villa, propietaria de un restaurante, mientras freía carne en una sartén en preparación para los comensales de la hora de almuerzo. "Es probable que ahora algunos de ellos sientan lo que sentimos cuando nos acusan", agregó.
Al atardecer, Villa realizó una reunión en su pequeño restaurante donde aproximadamente una decena de miembros de la comunidad habló contra el abuso policial y la corrupción.
Los hispanos representan casi un 90% de la comunidad de 13.000 habitantes incrustada entre los cultivos de tomates, fresas y lechuga a orillas del río Salinas, unos 240 kilómetros (150 millas) al sureste de San Francisco.
Los mecánicos agrícolas Francisco Méndez y Alfonso Pérez, que se detuvieron en una taquería antes de dirigirse al trabajo, relataron haber sido detenidos con frecuencia por la policía ya sea por tener los vidrios entintados o porque no les funcionaban las luces traseras.
"Solo buscaban un pretexto para detenerte", manifestó Méndez.
Los arrestos del martes, entre los que figuraba un exjefe de policía, tiene lugar después de una investigación que inició en septiembre el departamento de policía, cuando un investigador visitante —que fue al lugar por un caso de homicidio— escuchó de numerosas fuentes que la comunidad no confiaba en la policía local.
Fue hasta esta semana que las autoridades dijeron que tenían suficiente evidencia para arrestar a un total de seis personas vinculadas al departamento por una serie de delitos que abarcaban desde soborno hasta amenazas. Todos fueron dejados rápidamente en libertad condicional tras el pago de fianza.
"Los ciudadanos de a pie, una y otra vez, nos dijeron que no confiaban en la policía", dijo el fiscal adjunto del condado Monterey, Terry Spitz. "Hay más investigaciones en curso", añadió.
El propietario de un servicio de grúas Brian Miller; su hermano, el jefe interino de policía Bruce Miller; y el sargento Bobby Carillo fueron citados para su encausamiento el lunes por acusaciones de soborno después que las autoridades dijeron que los vehículos remolcados de inmigrantes hispanos eran trasladados a una playa de vehículos confiscados y a continuación eran vendidos o regalados.
La fiscalía dijo que un número no precisado de vehículos fueron vendidos o regalados cuando los propietarios no pudieron pagar las multas para recuperarlos. Dos personas del negocio Towing in King City se negaron a dar declaraciones.
El ex jefe de policía Dominic David Baldiviez y Mario Alonso Mottu fueron citados a comparecer el 6 de marzo por malversación de un Crown Victoria de propiedad municipal. El agente Jaime Andrade, acusado de posesión de un arma automática y almacenamiento ilegal de un arma de fuego, y el agente Mark Allen Baker, acusado de hacer amenazas, deberán comparecer ante la corte también el 6 de marzo.
Bruce Miller, que fue removido de su cargo como jefe interino de la policía de King City, afirmó que las acusaciones carecían de fundamento y agregó que su familia ha recibido amenazas de muerte desde que las autoridades revelaron detalles del caso.
El abogado Michael Schwartz, que defiende a Carillo y Andrade, dijo que era importante evitar acusaciones hasta que no se conozca la evidencia del caso.
El gerente municipal Michael Powers indicó que todos menos Mottu estaban suspendidos con goce de sueldo durante la investigación antes de sus arrestos, y que esperaba anunciar el jueves a un nuevo jefe interino de policía.
La investigación reveló que más de 200 vehículos fueron incautados y que 87% de ellos fueron remolcados por una sola empresa de servicio de grúas.
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