De acuerdo a un informe que divulgó este martes el Instituto de Política Migratoria (MPI), más de 4.5 millones de extranjeros han sido deportados desde que el Congreso aprobó una polémica ley migratoria en 1996, pero la Administración Obama aceleró el ritmo de deportaciones de Estados Unidos a casi 420,000 en 2012.
En las últimas dos décadas, tres factores han aumentado las deportaciones: la aprobación de leyes que ampliaron los criterios de expulsión; aumentos drásticos en fondos, personal y tecnología para hacer cumplir esas leyes, y las políticas de los últimos tres gobiernos, según MPI, un centro de estudios migratorios en Washington.
Así, el ritmo de deportaciones ha aumentado de cerca de 70,000 en 1996 a casi 420,000 en 2012. La ley de 1996 amplió la autoridad administrativa para las deportaciones y limitó los criterios para frenar las expulsiones.
La novedad con Obama es que se han adoptado políticas para la “discreción procesal”que permite no repatriar a quienes no caben dentro de las prioridades establecidas.
El documento de 71 páginas hace una distinción entre la casi “cero tolerancia” en la frontera, mediante la cual con mayor frecuencia los indocumentados son sometidos a trámites formales de deportación y cargos criminales, y la “flexibilidad” de las autoridades en el interior del país.
La creciente criminalización de los indocumentados ha contribuido al aumento de las deportaciones. Entre 2008 y 2013, los indocumentados acusados por infracciones migratorias conformaron el 55 por ciento del incremento de las deportaciones efectuadas por laOficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El programa “Comunidades Seguras”, que permite identificar y deportar a indocumentados en las cárceles, también ha aumentado las expulsiones.
Más del 99 por ciento de los deportados a través de “Comunidades Seguras” entre 2008 y 2013 habían sido condenados por algún delito o reunían otros criterios de expulsión.
El MPI difundió el análisis sobre los deportados, en unos momentos en que grupos a favor y en contra disputan las cifras.
Mientras los grupos pro-reforma piden un alto a las deportaciones, los grupos y políticos en contra las consideran insuficientes y piden más controles migratorios.
Esto coloca a Obama frente a un importante dilema: cómo hacer cumplir las leyes de inmigración y a la vez proteger a las comunidades inmigrantes del daño que producen las deportaciones.
En los primeros cinco años de su presidencia, las autoridades han deportado a cerca de dos millones de indocumentados, casi la misma cifra que durante los ocho años deGeorge W. Bush (2001-2009).
Obama prometió una reforma migratoria como candidato en 2008, pero ahora se encuentra en la mira de grupos cívicos que lo han tachado como el “deportador en jefe”, y no el paladín de los inmigrantes que ofrece la Casa Blanca.
El informe advierte, sin embargo, que aunque el Departamento de Seguridad Nacional puede hacer “ajustes” en su política de deportaciones, las medidas ejecutivas por sí solas no podrán resolver el dilema de Obama.
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