Una juez federal detuvo ayer dos ejecuciones en Texas, declarando que el sistema de prisiones estatales debe dar a conocer más información a los abogados de la defensa acerca del proveedor de un nuevo lote de drogas utilizadas en la inyección letal.
La juez de distrito Vanessa Gilmore emitió un mandato temporal para detener las ejecuciones de Tommy Lynn Sells, un asesino serial convicto que moriría este jueves y de Ramiro Hernández Llanas, otro interno que sería ejecutado la próxima semana.
Oficiales de Texas han insistido en que la identidad del proveedor de la droga debe ser mantenido en secreto para proteger a la empresa de las amenazas de violencia y que las existencias del sedante pentobarbital se encuentra en los rangos aceptables de potencia.
Abogados de la defensa afirman que deben saber el nombre del proveedor para verificar la calidad de la droga y evitarles a los internos condenados un dolor y sufrimiento que sería inconstitucional.
Gilmore ordenó que el Departamento de Justicia Criminal de Texas les proporcionara a los abogados de la defensa los detalles acerca del proveedor y cómo ha sido puesta a prueba la droga.
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