El día de hoy, El Tribunal Supremo de Estados Unidos validó la prohibición de la aplicación de criterios étnicos para las admisiones en los colegios y universidades en Michigan.
El juez Anthony Kennedy, que redactó el dictamen, sostuvo que "este caso no es acerca de cómo debería resolverse el debate sobre las preferencias raciales, sino acerca de quién puede resolverlo".
"No hay autoridad en la Constitución de Estados Unidos ni en los precedentes de este Tribunal para que los jueces desechen las leyes de Michigan que otorgan esa determinación política a los votantes", agregó.
Seis de los nueve magistrados del Supremo dictaminaron que los votantes de Michigan tuvieron derecho a cambiar la Constitución del Estado poniendo fin a los programas conocidos como "acción afirmativa" en el plebiscito celebrado en ese estado en 2006.
La jueza Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo con el dictamen y con ella estuvo de acuerdo la jueza Ruth Gingsburg, mientras que la jueza Elena Kagan no participó en la decisión.
Durante el 2003, el Tribunal Supremo había válidado la consideración de la raza o el grupo étnico entre varios factores para las admisiones universitarias en un caso referente al estado de Michigan.
Los oponentes a la "acción afirmativa" iniciaron entonces una campaña para la celebración de un plebiscito en Michigan y en 2006 el 58 por ciento de los votantes del estado aprobó una propuesta de enmienda de la Constitución estatal para prohibir la discriminación o el tratamiento preferencial en la educación pública, los contratos gubernamentales y el empleo público.
Los grupos que favorecen la "acción afirmativa" iniciaron entonces querellas para impedir la aplicación de la ley, al menos en lo referido a la educación superior.
El resultado del caso de Michigan afecta no sólo a otros estados con prohibiciones similares sino que además puede inspirar la convocatoria de otras consultas.
En Arizona, California, Florida, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma y Washington existen prohibiciones similares a la aprobada en Michigan.
El juez del Supremo Antonin Scalia, con el concurso de su colega Thomas Clarence, recordó en sus consideraciones particulares que el magistrado John Marshall "Harlan observó hace más de un siglo que nuestra Constitución es ciega a los colores y no conoce ni tolera categorías entre los ciudadanos".
"La ciudadanía de Michigan desea lo mismo para su Constitución", apuntó Scalia, y añadió que "sería vergonzoso que nosotros se lo impidamos".
La opinión disidente de Sotomayor, que ocupa 57 de las 108 páginas del documento emitido por el Tribunal Supremo, sostuvo que "esta decisión de hoy eviscera una parte importante de nuestra protección igual ante la ley".
"Para los miembros de grupos históricamente marginados, que cuentan con que los tribunales federales protegerán sus derechos constitucionales, esta decisión difícilmente puede fortalecer su esperanza de una democracia que preserve, para todos, el derecho a la participación significativa e igualitaria en el autogobierno", añadió Sotomayor.
"Somos afortunados por vivir en una sociedad democrática", argumentó la magistrada.
"Pero sin controles, las leyes aprobadas democráticamente pueden oprimir a los grupos minoritarios y, por esa razón, nuestra Constitución coloca límites a lo que la mayoría puede hacer", agregó.
La matriculación de estudiantes negros e hispanos en la Universidad de Michigan ha disminuido desde que entró en vigor la prohibición de la "acción afirmativa".
En las universidades mayores de California los negros son una porción cada vez más reducida de los nuevos alumnos, y aunque la matriculación de hispanos ha crecido levemente, está por debajo del incremento del porcentaje de latinos que se gradúan de las escuelas secundarias.
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