John Goger, juez de la corte estatal de Fulton, no dio a conocer hoy su veredicto sobre una demanda interpuesta por un grupo de 39 estudiantes indocumentados contra la Junta de Regentes de Georgia que busca exigirle que reconozca el estatus de "presencia legal" que les otorga el programa de Acción Diferida (DACA).
De acuerdo con Charles Kuck, abogado que representa a los estudiantes, el lenguaje del manual de las políticas de la Junta de Regentes es "claro" en decir que si se tiene presencia legal en el país, se tiene derecho a pagar matrícula como residente del estado.
La Junta de Regentes de Georgia, ente que rige a todas las universidades públicas del estado, no reconoce actualmente el estatus legal que le otorga a los estudiantes el programa de Acción Diferida.
"Ya es hora de que la Junta de Regentes reconozca la presencia legal que nos da DACA. Sabemos que este es solo un paso, pero vamos a seguir luchando hasta ganar esta batalla", dijo a la agencia Efe Eduardo Samaniego, uno de los soñadores que forman parte del movimiento a favor de los derechos de los estudiantes sin papeles en Georgia.
La demanda fue interpuesta por un grupo de 39 estudiantes indocumentados para exigir a las autoridades educativas que reconozcan el estatus de "presencia legal" en Estados Unidos que les otorga el programa de Acción Diferida (DACA) para estudiar en las universidades del estado y pagar matrícula como residentes del estado.
El monto que deben pagar los estudiantes que no son residentes del estado es generalmente 3 o 4 veces más alto que el que pagan los residentes del estado.
Antes de que se aprobara esta medida, los inmigrantes indocumentados podían estudiar en cualquiera de las universidades del estado aunque no podían recibir ayuda federal o estatal.
La Junta de Regentes de Georgia aprobó además en otoño del 2011 una medida que prohíbe a los estudiantes indocumentados estudiar en las cinco universidades estatales con cupo limitado para dar prioridad a los residentes legales y ciudadanos.
"Esperamos que esta situación cambie y que la Junta de Regentes también reconozca la presencia legal para estas universidades", indicó el joven soñador.
Según cifras de las autoridades educativas del estado, habían 318,000 estudiantes inscritos en el sistema de universidades del estado en el año en el que empezaron a implementar la prohibición, de los cuales cerca de 300 eran indocumentados.
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