De acuerdo con un documento publicado por varias organizaciones hispanas, la política de deportaciones del gobierno del presidente Barack Obama tiene un "efecto desproporcionado" en la comunidad latina, lo que unido a la inacción legislativa sobre la reforma migratoria, hacen de este tema una cuestión de derechos civiles.
El informe, titulado "Detención, deportación y devastación", asegura que ninguna otra comunidad del país está sufriendo mayor impacto de las deportaciones como la latina, e indica que en 2013 el 96.7 por ciento de todas las deportaciones, es decir, un total de 356,303, correspondieron a personas con ascendencia latina.
En el documento, distribuido por el Instituto Nacional de Política Latina (NILP), con sede en Nueva York, colaboraron el Fondo Mexicano Estadounidense Educativo y de Defensa Legal (MALDEF), la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA).
"Desde que la reforma de inmigración se convirtió, otra vez, en prioridad de la política nacional después de la elección presidencial de 2008, no ha surgido una legislación en el Congreso que atienda o alivie las desigualdades en el sistema de inmigración", indicó el informe.
El gobierno de Obama "ha aplicado políticas y prácticas que han resultado en un número históricamente sin precedentes de deportaciones de inmigrantes que, en algunos casos han vivido décadas en Estados Unidos".
El informe apuntó la "gran ironía política" que resulta del peso que se percibe de la comunidad latina como grupo de votantes y el hecho de que sea "la comunidad latina la que sigue siendo sujeto del daño desproporcionado, directo y dañino" de las deportaciones.
Entre los deportados en 2013, según el informe, los mexicanos fueron el 65,51 por ciento, seguidos por los guatemaltecos (12.9 por ciento), hondureños (10.5) y salvadoreños (5.86 por ciento).
Las campañas de detenciones y deportaciones emprendidas por el gobierno del presidente Obama, añadió el informe "afectan al individuo deportado, y también a la familia y la comunidad que deja atrás".
En parte, la tragedia de las deportaciones se debe a que más de cinco millones y medio de niños tienen un padre que es indocumentado, y de esos niños, cuatro millones y medio son ciudadanos estadounidenses, asegura el informe.
Agrega que entre 2010 y 2012, el gobierno deportó a más de 200.000 individuos con hijos que son ciudadanos.
"Las familias latinas encaran altas tasas de pobreza, desempleo y hogares con solo la madre o el padre al frente", agregó. "Las deportaciones exacerban estas condiciones, dañan a las familias al quitar a quien a menudo es la única fuente de ingresos, aumentan la incertidumbre económica".
Según los autores del documento, el presidente Obama "tiene atribuciones para detener las deportaciones mediante varias formas de discreción fiscal, y tiene la autoridad para ampliar el alivio afirmativo".
"Hasta que el Gobierno decida ejercer y aplicar esa autoridad la comunidad latina seguirá sufriendo en grado desproporcionado las consecuencias de un sistema de inmigración injusto", concluyó el informe.
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