El Cabildo de Farmers Branch City votó a favor de pagar 1.4 millones de dólares a efecto de poner fin a la prolongada defensa del fallido decreto que hubiera prohibido rentar apartamentos a inmigrantes que se encontraran ilegalmente en Estados Unidos.
Farmers Branch gastó más de 6 millones de dólares en demandas y otras medidas relacionadas con la inmigración al intentar prohibir la renta de inmuebles a personas radicadas ilegalmente en el país, en una batalla legal que duró siete años.
Los abogados de los críticos de la medida tomada en el 2008, la cual nunca se aplicó, pedían más de 3.1 millones. La suma aprobada ayer se alcanzó a través de arbitraje.
En julio pasado el V Tribunal Federal de Apelaciones determinó que el decreto era anticonstitucional. En marzo, la Suprema Corte de Estados Unidos se negó a atraer la apelación de Farmers Branch.
El tribunal superior ha sostenido desde el 2012 que la regulación de los temas migratorios corresponde básicamente a las instancias federales, no a los gobiernos locales.
La ex regidora Junie Smith contribuyó a iniciar las acciones legales contra el decreto.
“No creo que esto tenga nada de bueno. Punto”, dijo Smith. “Casi deseo que nunca hubiera ocurrido. Ya se acabó, y es hora de seguir adelante. Todo esto me daba ganas de vomitar”.
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