El diario Los Angeles Times informó a través de su edición impresa que con los niveles de detención de inmigrantes en su punto más alto en la historia, cada vez es mayor la búsqueda de alternativas más baratas para evitar al gobierno el alto costo que implica su reclusión.
Durante el 2013, el gobierno federal gastó aproximadamente dos mil millones para detener, por diversos periodos de tiempo, a más de 400 mil personas, precisó el rotativo.
Decenas de miembros del Congreso solicitaron entonces al presidente Barack Obama acabar con una cuota que obliga al gobierno federal a pagar por 34 mil camas en centros de detención cada noche.
En lugar de ello, instaron a un mayor uso de pulseras de tobillo y varios tipos de programas de seguimiento y monitoreo electrónico.
Activistas de grupos tan diversos como la Unión Americana de Libertades Civiles y la conservadora Fundación Heritage han salido en apoyo de dichas alternativas, aseguro el rotativo.
De acuerdo con funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas, alrededor del 90 por ciento de los inmigrantes en los programas de monitoreo electrónico cumplen con los requisitos y se presentan a las audiencias judiciales requeridas.
El presidente Obama no ha tomado acciones para eliminar la cuota de detención, pero su propuesta de presupuesto del 2015 para el Departamento de Seguridad Nacional señala un cambio, destacó Los Ángeles Times.
La propuesta presupuestal aboga por una reducción para fijar la cuota en alrededor de 30 mil 500 camas por noche, lo que ahorraría unos 185 millones de dólares anuales.
Al mismo tiempo, la administración está pidiendo un ligero aumento de 94 millones de dólares en fondos para los programas alternativos de monitoreo.
Bajo la ley actual, la gran mayoría de las personas bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) están sujetos a detención obligatoria para garantizar que se presenten a sus audiencias de inmigración y son deportados si se emite luego una orden de expulsión.
Entre los detenidos se incluyen a los que cruzan la frontera y enfrentan la deportación, los que volvieron a entrar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido previamente deportados, residentes legales que han sido declaradas culpables de delitos y los que buscan asilo político.
Ruth Epstein, analista de política legislativa con la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), dijo que el gobierno federal debería realizar evaluaciones caso por caso para decidir si un inmigrante tiene que ser detenido.
"La detención es la cárcel, es una eliminación de las libertades de otra persona", dijo Epstein. "Nosotros en América no deberíamos hacer eso sin el debido proceso”, añadió.
Sin embargo, quienes se oponen a la expansión de las alternativas a la detención dicen que es esencial que los inmigrantes que enfrentan una posible deportación permanezcan bajo custodia del gobierno.
“Los inmigrantes ilegales, en particular, son casi la encarnación de un riesgo de fuga", dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de Inmigración, que aboga por un sistema de inmigración más restrictivo.
“La gente que realmente no tiene ninguna perspectiva realista de ganar su caso ante un juez de inmigración no tiene absolutamente ningún incentivo a comparecer", indico.
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