La Casa Blanca confirmó hoy la detención desde octubre pasado de más de 52,000 inmigrantes menores de edad llegados a Estados Unidos ilegalmente y reiteró que estos niños están sujetos a la deportación a sus países de origen.
"Esta migración de niños la hemos visto durante años", dijo la directora de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, en una teleconferencia de prensa.
"Pero ahora esta migración ha aumentado por la violencia en los países centroamericanos y porque las bandas criminales le dicen a la gente que, una vez que los niños entran a Estados Unidos, reciben un permiso y se quedarán", agregó.
La asesora legal del Departamento de Seguridad Nacional, Esther Olavarría, enfatizó que la ley permite deportar a los menores de edad: "A los niños se les puede deportar y, de hecho, son deportados cada año", dijo.
Las responsables gubernamentales indicaron que, desde el comienzo del año fiscal en curso, el 1 de octubre pasado, más de 52,000 niños, en su mayoría centroamericanos, han sido detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera y han quedado retenidos por el Departamento de Salud.
Según ellas, otro rumor que alimenta el éxodo de menores desde América Central señala que los niños podrán ampararse en el "estatus de protección temporal" (TPS), que Estados Unidos haya otorgado a sus padres.
El Gobierno de Estados Unidos ha dado en décadas pasadas esos TPS a cientos de miles de centroamericanos que huyeron de sus países debido a desastres naturales, como terremotos o huracanes.
"Las personas amparadas por un TPS tienen que estar en Estados Unidos en la fecha cuando se otorga el TPS", dijo Olabarría, quie agregó: "Los niños que vienen después no entran en el TPS".
Ricardo Zúñiga, director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, insistió en que "quienes entran a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a la deportación y no recibirán los beneficios de una reforma de las leyes de inmigración ni de la 'acción diferida'".
La "acción diferida" responde a un decreto emitido en 2012 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que dejó en suspenso la deportación de jóvenes nacidos en el extranjero traídos de pequeños como inmigrantes indocumentados por sus parientes.
Zúñiga añadió que Estados Unidos destinará 40 millones de dólares a la "seguridad ciudadana" en Guatemala, 25 millones para programas de prevención de la delincuencia en El Salvador -incluidos 77 nuevos centros para jóvenes- y 18.5 millones para "policía comunitaria" en Honduras, a fin de enfrentarse a las pandillas.
Además, Washington ofrecerá 161.5 millones de dólares para programas de seguridad en América Central, dijo el funcionario.
Advirtió, asimismo, que tanto los adultos como los niños que hayan sido deportados y sean capturados nuevamente por otra entrada ilegal estarán sujetos a un trámite de deportación más expedito.
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