En una fuerte defensa de la privacidad en la era digital, el Tribunal Supremo determinó por unanimidad el miércoles que la policía no puede registrar los teléfonos móviles de las personas arrestadas si no obtienen una orden de registro.
Los teléfonos móviles tienen una gran importancia para la policía cuando hace un arresto, según dijo el presidente del tribunal John Roberts, ya que esos equipos contienen mucha información. Sin embargo, aclaró que la policía tiene que obtener una orden de registro antes de examinarlos.
“Los teléfonos móviles modernos no son simplemente otra conveniencia tecnológica. Con todo lo que contienen y todo lo que pueden revelar, tienen a su haber la privacidad de la vida de muchos estadounidenses”, agregó Roberts.
El mensaje para la policía acerca de lo que tiene que hacer antes de registrar un teléfono móvil es simple: “Obtenga una orden de registro”, indicó Roberts.
Roberts reconoció, sin embargo, que esta restricción afectaría a la policía.
“La privacidad tiene su costo”, añadió.
El Tribunal Supremo decidió no ampliar fallos previos que permitían a la policía vaciar los bolsillos de un sospechoso y examinar lo que encuentren para garantizar la seguridad de un oficial e impedir que se destruya evidencia.
El gobierno del presidente Barack Obama y el estado de California, que defienden los registros de teléfonos móviles, han dicho que esos equipos no deben tener mayor protección que cualquier otra cosa que la policía encuentre.
Sin embargo, los acusados en estos casos, que cuentan con el respaldo de medios de prensa, bibliotecarios y activistas civiles, alegan que los teléfonos móviles, sobre todo los llamados inteligentes, se convierten cada vez más en computadoras potentes que pueden almacenar mucha información personal delicada.
“Al reconocer que la revolución digital ha transformado nuestras expectativas de privacidad, el fallo de hoy es revolucionario de por sí y ayudará a proteger los derechos de todos los estadounidenses”, dijo Steven Shapiro, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Las autoridades, preocupadas con la posible destrucción de evidencia, pueden tomar medidas para impedir que se borren contenidos a distancia o que se activen los códigos cifrados, indicó Roberts.
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