Declarando incapaz al gobierno federal, el gobernador republicano de Texas, Rick Perry enviará mil soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México, pero el plan militar ha levantado ampollas en la Casa Blanca.
Perry, de 64 años, se baraja entre los posibles candidatos presidenciales de 2016 y es el primer gobernador republicano en anunciar un despliegue militar contra la crisis suscitada por la llegada de más de 57,000 niños indocumentados centroamericanos desde octubre pasado.
Según explicó Perry, “los texanos han pagado un precio muy alto por el fracaso del gobierno federal de asegurar la frontera”.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Perry no había enviado hasta ayer un aviso formal de Perry y, en todo caso, el despliegue es “temporal” y “simbólico”, cuando lo que se requiere es lograr recursos para “responder al problema de forma sostenida”.
La Guardia Nacional apoyará las labores del Departamento de Seguridad Pública de Texas contra las bandas criminales en la región fronteriza. Esas operaciones policiales en el Valle del Río Grande, a un costo de $1.3 millones semanales para Texas, incluyen patrullajes por tierra, mar y aire.
Perry solicitó al presidente Barack Obama el despliegue de la Guardia Nacional cuando se reunió con él hace dos semanas.
Un despliegue activado en base al Título 32 de la ley federal, si lo aprobase Obama, permitiría el uso de fondos federales que serían usados a discreción del gobierno estatal.
Al igual que otros republicanos, Perry ha acusado a la Administración Obama de alentar la emigración ilegal con medidas que favorecen a los indocumentados.
Pero demócratas y grupos progresistas afines consultados por La Opinión han cerrado filas en contra del plan militar por tacharlo como una maniobra de Perry para sumar puntos políticos.
La oficina del senador estatal de Texas, Juan “Chuy” Hinojosa, señaló que los niños y familias indocumentados en la frontera no están armados y solo se requieren más recursos para contratar a más agentes de la Patrulla Fronteriza.
Por su parte, Michelle Mittelstadt, directora de comunicaciones del Instituto de Politicas Migratorias (MPI) recordó que los niños migrantes “se están entregando a la Patrulla Fronteriza” y la crisis no es de seguridad sino de carencias en el sistema de tribunales de Inmigración.
Una forma más eficaz de atajar la crisis es aumentar los recursos para agilizar las audiencias de Inmigración, que para la mayoría de los niños indocumentados –que por ley tienen derecho al debido proceso- puede tomar años, enfatizó.
Maribel Hastings, asesora del grupo “America´s Voice” consideró que Perry busca “explotar” la crisis humanitaria y apelar a la base ultraconservadora de su partido.
“Un despliegue de la Guardia Nacional en la frontera para demostrar mano dura con los indocumentados sólo alimenta los extremos sin ofrecer una solución que destine recursos para tratar a estos menores, que huyen de la violencia en sus países, con la dignidad que merecen”, observó Hastings.
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