Este lunes, Eric T. Schneiderman, el fiscal general de Nueva York anunció la creación de un fondo de restitución de 2.2 millones de dólares para los migrantes que fueron estafados por dos organizaciones bajo la promesa de que cumplían con los requisitos para tramitar la ciudadanía estadounidense.
Las víctimas de los servicios fraudulentos de la Fundación Internacional del Inmigrante (IIF) y la Asociación Profesional Internacional (IPA) podrán presentar una solicitud de reclamación desde hoy hasta el 13 de octubre de este año para recuperar el dinero que pagaron en forma de honorarios a dichas organizaciones.
Ambas habían sido denunciadas por engañar a los clientes acerca de sus credenciales legales y capacidad para obtener resultados garantizados de inmigración, así como por el cobro de tarifas excesivas sin justificación bajo la excusa de autoproclamarse como entidades caritativas, explica la Fiscalía.
"Tiene que ser una de las prioridades de las agencias de la ley, proteger a las comunidades de inmigrantes vulnerables contra el fraude y la conducta depredadora", expresó Schneiderman en un comunicado, en el que explica que este fondo ha sido creado por la Fiscalía General en colaboración con las organizaciones implicadas.
Los 2.2 millones serán destinados "para los miles de inmigrantes que depositaron su confianza y su futuro en manos de estas organizaciones, con la esperanza de construir una nueva vida en Nueva York y en todo el país", añadió el fiscal, quien llamó a todas las víctimas a presentar sus casos "sin temor a represalias" y ofrece los detalles de la solicitud en la página web www.nylag.org/IPA.
Además, el Fiscal ha prohibido tanto a IIF como a IPA la prestación de servicios legales relacionados con la inmigración en el futuro, después de que, por su negligencia y demora, hicieran perder a varios inmigrantes preseleccionados para conseguir la tarjeta verde o "green card" la oportunidad de llevar a buen puerto su proceso de solicitud, haciéndoles perder hasta 18,000 dólares en honorarios y costos.
Otras víctimas de la estafa, además, fueron deportados por quedar indocumentados y otros pagaron miles de dólares más de lo necesario para los servicios.
Esta medida de compensación ha sido aplaudida por distintas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.
La directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan para los Derechos de los Inmigrantes, Ángela Fernández, quiso recordar "los efectos devastadores que los proveedores de servicios de inmigración fraudulentos tienen sobre los inmigrantes" y consideró que la creación de este fondo es un "mensaje claro de que los que participan en la práctica no autorizada de la ley no serán tolerados y se verán obligados a indemnizar a aquellos a los que defraudaron".
Por su parte, el Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG) manifestó que "el fraude de inmigración es una mancha en los valores inclusivos que han hecho de Nueva York el hogar de más inmigrantes que cualquier otra ciudad en la nación".
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