El Consejo Federal de Privacidad, que inicialmente criticó con aspereza la recolección de llamadas telefónicas de los estadounidenses hechas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), llegó a una conclusión totalmente diferente acerca de la explotación que ha hecho la agencia respecto a las conexiones por Internet en Estados Unidos para monitorear comunicaciones entre ese país con el extranjero.
Ese programa, de acuerdo con el Consejo de Supervisión de Libertades Privadas y Civiles, se encuentra mayormente acorde a la Constitución y a la ley de vigilancia que aprobó el Congreso hace seis años.
El Consejo, al que el Congreso convirtió en una agencia independiente en el 2007 y comenzó a operar en su totalidad en el momento en que Edward J. Snowden empezó a filtrar una serie de documentos de la NSA, concluyó que la agencia se apegó mayormente a las reglas establecidas por el Congreso al recopilar comunicaciones de extranjeros, un proceso en el que necesariamente interceptó algunos correos electrónicos y llamadas telefónicas relacionadas con los ciudadanos de Estados Unidos.
El reporte fue emitido justo cuando el Congreso estaba considerando cambiar las leyes que gobiernan las actividades de la NSA. Sin embargo, la legislación, que fue aprobada por la Cámara y se encuentra bajo consideración del Senado, está relacionada básicamente con el programa de escuchas de llamadas telefónicas, que en enero, el consejo y el presidente Barack Obama comentaron que debe ser cambiada.
Ese programa involucró la retención de billones de grabaciones de llamadas telefónicas que hizo la agencia desde o hacia Estados Unidos, de acuerdo a la legislación propuesta, las empresas de telecomunicaciones podrían retener esos registros y la NSA podría tener acceso a ellos a través de órdenes de la corte.
El Consejo de Privacidad encontró que el programa es ilegal, y dijo que debería terminar. Sin embargo, el reporte más reciente, adoptado este miércoles por el Consejo, está relacionado con la “colección 702” de llamadas de la agencia, que se refiere a la Sección 702 del Decreto Federal de Vigilancia e Inteligencia, que fue enmendado en el 2008 después que The New York Times reveló la existencia de un programa para escuchar las llamadas sin tener autorización que puso en marcha el gobierno de Bush después de los ataques del 11 de septiembre del 2001.
“El programa de la Sección 702, le ha permitido al gobierno adquirir un mayor rango de inteligencia extranjera que de otra manera podría no haber obtenido y para hacerlo de una manera rápida y efectiva”, dice el reporte.
Aunque encontró pocas cosas que valen la pena en la enorme colección de información telefónica de los estadounidenses, el Consejo comentó que el programa 702, que estaba enfocado en los extranjeros, “ha demostrado ser valioso para las medidas que tomó el gobierno para combatir el terrorismo así como también en otras áreas de inteligencia extranjera”.
El programa también es utilizado para rastrear la proliferación nuclear y para monitorear las llamadas y correos electrónicos de los gobiernos extranjeros y sus líderes.
El reporte concluyó que “al monitorear las redes terroristas de acuerdo a la Sección 702 le ha permitido al gobierno enterarse cómo operan y para entender sus prioridades, estrategias y tácticas”.
El gobierno de Obama, dando señales de alivio respecto a la conclusión del reporte, fue elogiada de inmediato por James R. Clapper Jr., director de Inteligencia Nacional, quien se había rehusado a hablar públicamente acerca de los programas 702 antes de la información que filtró Snowden.
Clapper citó una sección del reporte que dice que el Consejo quedó “impresionado con el rigor de las medidas que está tomando el gobierno para asegurarse de que sólo escuchará las comunicaciones para las que esté autorizado, y sólo se enfocará en las personas sobre las que tiene autorización para vigilar”.
Sin embargo, las conclusiones del Consejo fueron severamente criticadas por grupos de libertades civiles y privacidad, que habían aceptado las conclusiones del Consejo que emitió en el mes de enero.
“Éste es un reporte débil que no ha logrado captar las implicaciones de las libertades civiles y los derechos humanos al permitir que el gobierno tenga acceso a las comunicaciones de personas inocentes”, comentó Jameel Jaffer, sudirector legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, a través de un comunicado.
“Es desagradable leer este reporte justo semanas después que la Cámara votó para limitar las escuchas que la NSA está realizando “por la puerta trasera”, y justo días después de la decisión que tomó la Suprema Corte sobre la búsqueda de información en los teléfonos celulares defendiendo los derechos a la privacidad en la era digital”.
Kevin Bankston, director de políticas del Instituto Abierto de Tecnología de la Fundación Nueva América, fue criticado de una manera similar. “Si el último reporte del Consejo sobre esta enorme colección de registros telefónicos fue un bombazo, éste es un fiasco”, dijo.
Agregó que la vigilancia de comunicaciones extranjeras, a la que tiene acceso la NSA a través de órdenes de la corte que le permiten utilizar la “columna vertebral” del Internet y que se refiere tanto a las llamadas telefónicas como a los correos electrónicos, es “de muchas maneras más preocupante que el enorme programa de recolección de llamadas”.
La queja principal del Consejo de Privacidad acerca del programa es que puede intervenir la comunicación en los que el número telefónico de una persona o el domicilio del correo electrónico sea mencionado simplemente en el cuerpo del mensaje, en lugar del domicilio.
Esto es conocido en el mundo de la inteligencia como la “colección about” y el temor del Consejo es que podría incluir las comunicaciones de los estadounidenses.
El Consejo concluyó eso debido a las restricciones tecnológicas, “la NSA no puede eliminar completamente un “about” de su colección” sin quedarse con una “parte significativa” de la información que necesita.
El Consejo también dijo que algunas maneras de indagar en la base de datos podrían ser usadas para indagar en las comunicaciones de los estadounidenses bajo la apariencia de correos electrónicos o llamadas telefónicas de extranjeros.
El mes pasado, la Cámara votó para hacer que tales búsquedas sean ilegales.
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