Por primera vez en tres décadas, el gobierno estadounidense ha emitido un conjunto de normas para proteger a las empleadas embarazadas de la discriminación en el lugar de trabajo.
La actualización elaborada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo aclara que cualquier forma de discriminación o acoso a una embarazada por parte del empleador es ilegal.
"La discriminación contra alguien por estar embarazada, por tener un hijo o por cualquier condición relacionada es una forma de discriminación sexual que está totalmente prohibida", dijo la comisión.
La actualización surge a dos semanas después de que la Corte Suprema consideró una disputa sobre si la comisión debía tratar de mediar en casos de denuncias de discriminación laboral, antes de presentar una demanda.
"A pesar del gran progreso alcanzado, seguimos registrando una gran cantidad de denuncias de discriminación, y nuestras investigaciones han revelado la persistencia de la discriminación explícita, así como el surgimiento de prácticas discriminatorias más sutiles", declaró la presidenta de la comisión, Jacqueline A. Berrien.
Las normas habían sido actualizadas por última ocasión en 1983. El asunto ha pasado al frente a medida que el gobierno del presidente Barack Obama aplica de manera más estricta las leyes contra la discriminación.
Las nuevas políticas detallan por primera vez la manera en que la Ley en Defensa de los Discapacitados puede ser aplicada a trabajadoras que sufren discapacidades relacionadas con su embarazo. Y además enfatiza que toda discriminación contra una mujer empleada en base a embarazos previos o futuros es también ilegal.
La comisión emitió las nuevas directrices el lunes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) elogió la actualización, afirmando que aclara las obligaciones de las empresas bajo la Ley contra la Discriminación por Embarazo (1978) y la Ley en Defensa de los Discapacitados (2008).
"Demasiadas mujeres embarazadas han sido obligadas a dejar sus empleos y han dejado de recibir un salario justo cuando más lo necesitan, a pesar de que están dispuestas y en condiciones de venir a trabajar", comentó Laura W. Murphy, directora del departamento legislativo de la ACLU.
"Un embarazo no es justificación alguna para excluir a una mujer de un empleo para el cual está capacitada, y no puede servir de fundamento para negar empleo a una mujer o para tratar a mujeres de manera desigual", añadió.
Debra L. Ness, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres y Familias, elogió también las nuevas normas como "una necesaria interpretación de las leyes nacionales contra la discriminación de personas en base a su embarazo".
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