Amontonados en una casa de seguridad de la fronteriza ciudad de Tampico, Tamaulipas, cientos de inmigrantes hondureños, salvadoreños y cubanos fueron obligados a ver morir a una familia completa, padre, madre e hijo, en manos de sus secuestradores.
Llevaban 15 días “privados de su libertad”, golpeados los hombres y abusadas sexualmente las mujeres, antes de ser rescatados por policías federales y estatales quienes divulgaron los detalles de estancia y rescate la noche del miércoles.
Las autoridades realizaron horas antes tres operativos en dos ciudades del estado donde detuvieron a cinco presuntos delincuentes.
En Tampico, hallaron dos casas de seguridad: en una había 122 personas; en la otra 36. Justo donde se encontraba la mayor concentración de víctimas, los delincuentes asesinaron a la familia aparentemente en una demostración de fuerza e intimidación común en las bandas dedicadas al rapto masivo.
En Reynosa, la redada fue en un hotel del centro de la ciudad, donde rescataron a siete hondureños, entre ellos, dos menores de edad.
De acuerdo con Eduardo Sánchez, portavoz de Seguridad Nacional, 77 son salvadoreños, 50 guatemaltecos, 23 hondureños, 14 mexicanos y uno de India. Todo ellos se encuentra ya en resguardo del Instituto Nacional de Migración en condición de víctimas por lo que podrían solicitar visas humanitarias.
“Todo parece indicar que estas personas, los migrantes, son contactados por traficantes de personas comúnmente llamados ‘polleros’ y que estos traficantes de personas, estos delincuentes, en vez de llevarlos a la frontera como se los ofrecen, se los entregan a grupos criminales”, detalló.
No existe hasta el momento una estadística oficial actualizada sobre el número de secuestros que todavía ocurren en México desde que en 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos calculó en un informe que alrededor de 10 mil personas migrantes eran secuestradas cada seis meses, principalmente en Tamaulipas.
En informes aislados, las autoridades dan cuenta de la dimensión actual del problema a través de operativos precisos en los que decomisan armamentos, cartuchos, tarjetas bancarias y celulares que utilizan los secuestradores en el sistema de cobro por los rescates que, según Organizaciones No Gubernamentales, oscila entre $1,000 y $2,000 por persona.
En los últimos cuatro meses, las autoridades han reportado el rescate de 423 personas en los estados de Tamaulipas, Sonora y Chiapas.
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