La mayoría de los 1000 efectivos de la Guardia Nacional que se envíen a la frontera de Texas con México asumirán labores de vigilancia y sólo detendrán a personas si éstas interfieren con su misión, dijo el martes un general de alto rango.
El general adjunto John Nichols, de Texas, indicó que los efectivos contribuirán a disuadir el tránsito en momentos en que los agentes de la Patrulla Fronteriza enfrentan un aumento sin precedentes de los menores que ingresan solos al país.
El gobernador republicano Nick Perry ordenó el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional de Texas en la frontera. Perry, quien considera buscar nuevamente la candidatura presidencial de su partido en 2016, ha sido uno de los principales detractores de la actuación de la Casa Blanca frente a la crisis.
Nichols dijo que los efectivos estarán armados para su seguridad, aunque cuando se le preguntó si llevarían armas cargadas sólo dijo que las municiones estarán en los cargadores.
"No quiero dar más detalles porque si las personas de los cárteles saben lo que podemos y lo que no podemos hacer podrían aprovecharlo", declaró Nichols a The Associated Press.
El general indicó que los efectivos serán desplegados en las próximas semanas en el Valle del Río Grande y que no se ha fijado una fecha para esta operación.
El despliegue de los militares costará mensualmente a Texas 12 millones de dólares, según cálculos, además de 1,3 millones de dólares extras a la semana que el estado concede desde hace poco a su Departamento de Seguridad Pública para que intensifique sus operaciones a lo largo de la frontera.
Desde octubre, más de 57.000 menores inmigrantes —niños y adolescentes— han cruzado solos y sin autorización hacia Estados Unidos, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.
La mayoría proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde miles de personas han dejado esas naciones debido a la extrema pobreza y la violencia sin control de las pandillas.
Más de 3.000 agentes de la Patrulla Fronteriza efectúan sus labores en el Valle del Río Grande en Texas, y Perry ha solicitado reiteradamente al presidente Barack Obama el envío de la Guardia Nacional a la frontera ante la oleada de menores inmigrantes.
La orden de Perry suscitó las críticas de los demócratas e incluso de algunos jefes policiales en condados a lo largo de la frontera de Texas.
Los inconformes consideran el despliegue una militarización mal concebida y han puesto en duda las afirmaciones de Perry y otros republicanos de que los delincuentes aprovechan la oleada de menores que ha abrumado a la Patrulla Fronteriza.
El nuevo despliegue ocurre dos años después de que la Oficina de la Contraloría del Congreso pusiera en tela de juicio el impacto de los anteriores dos envíos de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera.
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