Los abogados del gobernador de Texas Rick Perry pidieron el lunes que se desestimen los cargos que acusan al mandatario estatal republicano de abuso de poder al cumplir una amenaza de veto el año pasado.
En una moción de 60 páginas presentada en una corte estatal de distrito en Austin, el equipo legal de Perry alega que la ley que se emplea para acusar al gobernador es constitucionalmente ambigua.
No debe permitirse que prosigan "los intentos de convertir disputas políticas en denuncias penales", alega la moción. Desde que fue encausado hace más de una semana, Perry ha calificado los cargos como un ardid político y se declaró inocente.
Perry, quien buscó la candidatura presidencial republicana en 2012 y sopesa hacerlo de nuevo en 2016, está acusado de usar su poder de veto en junio de 2013 para tratar de destituir a una fiscal de distrito demócrata que fue sentenciada por conducir en estado de ebriedad.
"Los texanos merecen lo que garantiza la constitución de su estado: un gobernador con la facultad de aprobar o desaprobar iniciativas de ley", dice la moción.
Perry recortó 7,5 millones de dólares en fondos estatales a la unidad que investiga la corrupción de servidores públicos en Texas cuando la fiscal de distrito del condado Travis, Rosemary Lehmberg, se negó a renunciar luego de su arresto por conducir ebria.
Perry está acusado de violar una sección de las leyes estatales contra la corrupción que sus abogados alegan "es funestamente vaga" y no define qué acciones son legales por un lado e ilegales por el otro.
El gobernador está acusado de abuso de poder y de coerción de un servidor público. Si se le declara culpable, podría ser sentencia a un máximo de 109 años de prisión.
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