Abogados del gobernador de Texas, Rick Perry, interpusieron hoy ante una Corte Estatal una moción para exigir que se desechen los cargos criminales emitidos en su contra “por múltiples motivos constitucionales”.
El pasado 15 de agosto un gran jurado del Condado de Travis, en Austin, emitió una acusación contra Perry por los cargos de “abuso de capacidad oficial” y “coerción de un servidor público”.
Los cargos se desprenden de los esfuerzos del gobernador republicano para obligar a la procuradora del condado de Travis, la demócrata Rosemary Lehmberg, a renunciar a su cargo tras ser detenida por conducir en estado de ebriedad.
La acusación se centra en el veto que Perry decretó en junio de 2013 para bloquear la entrega de 7.5 millones de dólares aprobados por la legislatura estatal, para financiar una unidad de integridad pública dirigida por la procuradora Lehmberg.
Perry justificó su veto al argumentar que él y el público habían perdido la confianza en la procuradora del condado de Travis, luego de que ésta se declaró culpable del cargo de conducción en estado de ebriedad.
El gobernador ha reiterado que la acusación es indignante, al sostener que él actuó en la forma correcta.
El recurso interpuesto este lunes, conocido bajo el término legal de “habeas corpus”, pretende desestimar la acusación contra Perry e impedir que continúe su procesamiento.
La moción reitera los argumentos del gobernador y de su equipo de defensa, de que su procesamiento es de carácter político.
El recurso cita la separación constitucional de poderes entre las ramas del poder público y los derechos de libertad de expresión de Perry.
“Someter a un gobernador en funciones a un proceso penal y hacer llegar a la judicatura una disputa política, sería un asalto sin precedentes a esta preciada separación de poderes”, indicó el equipo de defensa de Perry en la moción.
El procesamiento “impondría un efecto escalofriante, intolerable e incalculable en el libre ejercicio de los poderes constitucionales legítimos de los futuros gobernadores”, señalaron los abogados en el recurso.Sostiene que la fiscalía viola los derechos de libertad de expresión de Perry por “tratar de criminalizar no sólo el derecho de veto en sí, sino también la explicación del gobernador para ello.
“Estas violaciones son contrarias tanto al compromiso de Texas para abrir un gobierno transparente, como al derecho del pueblo a estar plenamente informados acerca de los procesos de su gobernador, el cumplimiento de una de sus funciones básicas de gobierno”.
La defensa de Perry también se queja en la moción de las leyes utilizadas en la acusación contra el gobernador.
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