El gobernador Rick Perry se mostró desafiante el martes cuando fue fichado por cargos de abuso de poder y declaró que lucharía "contra esta injusticia con todas las fibras de mi ser".
El republicano, que estudia postularse por segunda vez a la presidencia en 2016, fue encausado tras cumplir una promesa de veto a la unidad de fiscales estatales encargada de combatir la corrupción pública. Perry ha dicho desde el comienzo que el caso es un ardid político, y docenas de seguidores que coreaban su nombre y llevaban carteles que decían "Paren los juegos de los demócratas" lo recibieron al llegar al Tribunal del Condado Travis en Austin.
Una vez en el tribunal a Perry le tomaron las huellas dactilares y fotos como a cualquier acusado. En la foto se le ve sonriendo y sin sus característicos lentes de marco negro.
El segundo gobernador con más tiempo en el cargo en la historia de Texas fue encausado la semana pasada por un jurado de instrucción de coerción y abuso de poder al prometer públicamente que vetaría una asignación de 7.5 millones de dólares a la unidad estatal de integridad pública, que investiga actos indebidos por parte de funcionarios electos y está dirigida por la fiscalía del Condado Travis. Perry amenazó con vetar el financiamiento si la fiscal de distrito Rosemary Lehmberg no renunciaba después de ser declarada culpable de conducir ebria.
Lehmberg se negó a dejar el puesto y Perry aplicó el veto, lo que generó una denuncia de infracción ética por parte de un grupo de tendencia izquierdista que supervisa las actividades del gobierno.
Perry fue encausado por un jurado de instrucción de Austin, un bastión liberal en un estado por lo demás profundamente conservador.
Pero el gobernador ha decidido que el caso no le impedirá cumplir una apretada agenda de viajes que lo llevará durante las próximas dos semanas a los estados de Iowa, Nueva Hampshire y Carolina del Sur, que están entre los primeros estados en realizar elecciones internas para escoger a candidatos presidenciales. El republicano decidió no postularse a la reelección como gobernador en noviembre, lo que le deja más tiempo para tratar de rehabilitar su imagen a nivel nacional.
Si lo declaran culpable de ambos cargos, Perry pudiera enfrentar un máximo de 109 años de prisión, aunque expertos jurídicos de todo el espectro político han dicho que puede resultar difícil convencer a un jurado de su culpabilidad. Nadie disputa que Perry tiene el derecho a vetar cualquier medida aprobada por la Legislatura, incluida cualquier porción del presupuesto estatal.
Pero la denuncia contra Perry alega que amenazar en público un veto y tratar de obligar a Lehmberg a renunciar fue una coerción. El juez republicano que lleva el caso ha asignado a un fiscal especial de San Antonio, quien insiste en que el caso es mucho más fuerte de lo que pudiera parecer.
Perry ha contratado a un grupo de abogados destacados, a quienes se les paga con fondos estatales.
Perry es el primer gobernador de Texas encausado desde 1917. Personalidades republicanas se han apresurado a defenderlo desde que un video tomado en la cárcel tras el arresto de Lehmberg en abril de 2013 mostró a la fiscal de distrito con dificultad para hablar, gritándole a su personal que llamaran al jefe de la policía, pateando la puerta de su celda y sacando la lengua. Lehmberg tenía un nivel de alcohol en la sangre tres veces mayor que el límite establecido para conducir.
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